cayó en Cúcuta personal del tren de Aragua que venían realizando extorsiones .
GAULA Policía Cúcuta Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Metropolitana de Cúcuta y Gaula Militar llevaron a cabo la OPERACIÓN “URDANETA” CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
La Policía Nacional sigue golpeando las actividades delictivas del “Tren de Aragua”.
Cúcuta, Norte de Santander. En el marco del Modelo de Servicio Policial Centrado en las Personas y los Territorios, la Policía Nacional, a través de la operación “Urdaneta”, detuvo con órdenes judiciales a cinco miembros del Grupo Delincuencial Común Organizado “Tren de Aragua”.
Este logro fue posible gracias al arduo trabajo de las unidades del GAULA, quienes, tras recibir denuncias de algunas víctimas de estos criminales, iniciaron investigaciones e inteligencia que se extendieron por más de 50 días. Se llevaron a cabo acciones como reconocimiento facial en fotografías y videos de cámaras de seguridad, seguimientos con agentes encubiertos, recopilación y análisis de información proporcionada por fuentes humanas.
Estas acciones permitieron reunir pruebas materiales y evidencia física suficientes para solicitar órdenes de captura contra cinco de los integrantes, incluido su líder conocido como “Antonio”, identificado como Adolfo Antonio Durán Lara, quien tiene antecedentes por extorsión agravada, porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado y agravado, lesiones personales, intento de homicidio y desplazamiento forzado.
Asimismo, se solicitó captura contra César Augusto Coro Rodríguez, apodado “Coro”, Carlos Gregorio Figuera Donaire alias “Gregorio”, Heymar Gabriela López Mazón, conocida como “Gabi”, y Alfredo José Otero Castañeda alias “El menor”, quienes tienen antecedentes por extorsión agravada, porte ilegal de armas de fuego y hurto. Estos delincuentes se dedicaban a extorsionar a empresarios, comerciantes y transportistas de Villa del Rosario.
Su método consistía en intimidar a las víctimas enviándoles videos con armas de fuego y explosivos, amenazándolos con atacar sus negocios, hogares o familias si no pagaban las extorsiones que iban desde $500.000 hasta $25.000.000, generando ingresos criminales mensuales de hasta $100.000.000.
Tras informar a los detenidos sobre sus derechos, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente. Tras una audiencia pública, un juez de control de garantías ordenó su detención preventiva en un centro penitenciario para que respondan por los delitos que se les imputan.
